jueves, 18 de enero de 2018

Programa de Gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS

Se convoca la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso escolar 2018/2019. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas incluidas en el Programa de Gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que vaya a cursar educación primaria o educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2018/2019, siempre que la renta de la unidad familiar en el año 2016 no supere en 2 veces y medio el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en 2017, es decir 18.798,97 €.

En los casos en que los alumnos tengan expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, el beneficiario será la entidad o familia de acogida que ejerza la guarda del menor.

Ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales

En el primer trimestre de cada año, la Junta de Comunidades de Castilla y León presenta a concurso ayudas destinadas a la reforestación y la creación de superficies forestales.


En Peñaranda de Duero existen multitud de espacios que podrían beneficiarse de este tipo de ayudas a la refprestación, como por ejemplo, las laderas del castillo que sufren un fuerte impacto de erosión que está dejando al aire la roca donde se cimenta el edificio.

Las ayudas van en dos líneas de trabajo:

La concesión y pago de la ayuda a la reforestación y creación de superficies forestales: Para financiar los trabajos de preparación del terreno, adquisición de plantas, protección de las mismas mediante tutores o protectores y la plantación en sí. Incluirán asimismo las obras complementarias a la forestación necesarias para su supervivencia. 

La concesión de una prima de mantenimiento anual, durante cinco años consecutivos:  Se trata de una prima anual por cada hectárea forestada que sirve para cubrir los gastos del mantenimiento de la masa implantada por un período de cinco años.

Deberíamos estar atentos para conocer la fecha de presentación de estas ayudas para 2018, las cuantías y las condiciones de adjudicación. 

Por otra parte, están disponibles las AYUDAS FORESTALES CONVOCADAS POR LA JUNTA CASTILLA Y LEÓN (PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020). En CRECE, tramitan, gestionan y ejecutan todas estas ayudas sin costes para los solicitantes.


Crece, empresa con más de 20 años de experiencia en el sector forestal, medioambiental y de conservación del patrimonio natural, que desarrolla su actividad en Castilla y León y comunidades limítrofes, dando servicio tanto al sector público (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc…), como al sector privado, manteniendo desde su inicio como objetivo, un alto estándar de calidad, en todas las actuaciones.

jueves, 11 de enero de 2018

SUSTITUCIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA SUSTITUCIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DERIVADAS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR SODEBUR A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS.

Fecha de Publicación: Viernes, 17 Marzo, 2017
Anualidad: 2017
Fecha límite de presentación: Domingo, 15 Julio, 2018
Hasta fecha 15/07/2018 para aceptar la subvención.

Renovación del alumbrado público de toda la provincia de Burgos, con la adaptación a la normativa correspondiente, y el consecuente ahorro energético. El Plan abarca desde el 2016 hasta el 2018.

El presupuesto total asignado a esta convocatoria es de 5.500.000 € en el año 2017 y 4.878.528,92 € en el año 2018.

martes, 9 de enero de 2018

Agroecología y Municipalismo: diagnóstico y tendencia


Por F. Llobera Serra
En el ejecutivo y en el parlamento se está trabajando una Ley de Cambio Climático de muy incierto resultado. Incierto el contenido que finalmente pueda ser asimilado y aprobado por los partidos mayoritarios, pero incierto también porque en España la legislación es, con endémica frecuencia, una carta a los reyes magos que una parte de la sociedad sacraliza como logro, y cuya aplicación general y dotación real será siempre entorpecida por los otros. 

Respecto al reto del Cambio Climatico hay sin embargo varios frentes de esperanza: En la Francia liberal de Macron ya se ha creado un Ministerio de Transición encargado de cuestiones de energía y cambio climático, con una Ley y una precisa agenda desde hace ya una década. Este incrementa la posibilidad de que algún momento proximo podamos implementarlo en España, tanto en las estructuras de ejecutivo estatal como autonómico. 

Pero sin duda la mayor esperanza no esta en el parlamento propio o en el Estado vecino, al que somos a imagen y mala semejanza, si no en lo pequeño y lo más propio, desde los municipios, con proyectos piloto y estrategias realistas y bien definidas de corto alcance y de larga mirada, incluso creando Concejalías de transición con rango de tenencia de alcaldía. 

Esta tendencia está ampliamente refrendada por las naciones unidas que ya tienen asumido que los estados hablan y viajan mucho y hacen mal, poco y tarde. Por no desesperar de sus loables intenciones de sostenibilidad global, diferentes organismos de Naciones Unidas impulsan una miriada de plataformas de municipios que, de modo colaborativo, van asumiendo objetivos, balbuceando discursos y permeando por la difícil capilaridad ascendente; agendas 21, pacto de los alcaldes por el clima y la energía, redes de ciudades sostenibles, etc. 


Pero la transición es un campo de una batalla que se conquista aun desde más abajo, desde las pequeñas asociaciones de base, desde las plazas en 2011, y por capilaridad ascendente a los ayuntamiento a partir de 2015. Aunque de modo lento y con frecuencia demasiado inconstante e incierto el mensaje sigue fluyendo hacia arriba. 

Por otro lado la clave de la transición no es sólo energética, la agenda alimentaria es clave en el cambio de modelo productivo. El sistema alimentario, incluyendo los insumos agrarios, transportes, cadenas de fríos y otros procesos industriales, o la gestión de los residuos orgánicos que genera el conjunto de la cadena de vida de un alimento, suponen según GRAIN, casi el 50% del total de emisiones del Planeta, y cerca del 30% del consumo de energía. 

Esta transición de modelo alimentario tiene un sinónimo más conocido y movilizador en la soberanía alimentaria, objetivo impulsado por via campesina y que en una década ha logrado penetrar en los movimientos sociales con más profundidad que las soberanías energética, financiera o monetaria. Pero ciertamente, muchos creemos y nos aplicamos porque la alimentación, es la más sencilla y cotidiana de las alternativas productivas que podemos afrontar. 

Y desde el punto de vista institucional, el mayor margen y el mayor recorrido en materia de soberanía alimentaria se está haciendo desde el enfoque de la agroecología. Agroecologia es la producción y distribución local de alimentos, y local significa el poder y el querer de los municipios, la administración local y menor, insignificante y aminorada hasta extremos ofensivos por las estructuras del pesado y viejo Estado. 

A pesar de que los Municipios tienen poco margen competencial, tienen sin embargo una gran capacidad de diseñar proyectos piloto y proyectos de alto valor sinérgico, esto es, que implementando una determinada línea de acción, sin grandes alcances objetivos o presupuestos, desde las competencias propias en diálogo con lo social, se pueda tener impacto y demostrar estrategias escalables. Por ejemplo la gestión de parques y jardines puede incluir huertos sociales o jardines comestibles y avanzar en materia de transición agrícola, y lo puede hacer en tanto o mayor medida, a medio y largo plazos, que las viciadas y viciosas ayudas de la PAC. Otra competencia propia es la gestión de residuos, el “gran marrón”, claramente reconocida en la Ley de Bases de Régimen Local y no tocada en la reforma Montoro, y refrendada en la Ley de Residuos 22/2011 como competencia municipal. En esta ámbito de los residuos un municipio puede impulsar recoger de modo selectivo los orgánicos y tratarlos en fincas de agricultores para producir compost para que alimente a la tierra que después nos alimenta, en rigurosa proximidad y en ciclos virtuosos de producción consumo y esumo. Respecto a las competencias de comercio y mercados es posible, con algunos ajustes menores, impulsar mercadillos de productores o marcar e incentivar las producciones de proximidad.
 
Son muchos los municipios, y de muy diferentes siglas en el gobierno, que han iniciado acciones creativas en materia de soberanía alimentaria, bajo lentes más liberales y asistencialistas, o más serenamente revolucionarias. La Red de Municipios Agroecológicos TERRA, en cuya creación participé desde 2010, es un buen ejemplo de avances locales, (bancos de tierras, escuelas de emprendimiento, avicompostaje) tal vez poco visibles, pero sin duda desde luego poco apoyadas por parte de las estructuras del estado (autonómico y general). 

A esta marea del municipalismo rural agroecologico, se incorporan a partir de 2015 los grandes municipios gracias al impulso de la FAO y de diferentes ciudades del mundo como Toronto, Milán, Vancouver, Bristol o Paris, dando lugar al llamado Pacto de Milán en la cumbre de alimentación de 2015. Acuerdo y compromiso de aplicación local que han suscrito y en el que han empezado a diseñar estrategia alimentaria decenas de grandes ciudades en España. Estas estrategias, como casi todo lo que toca la administración, son lentas y flatulentas, pero mientras el sistema de gobierno no demuestro nuevas capacidades, o se produzcan tensiones y se agraven los síntomas de desgaste o de colapso, esta alianza municipal-social es la principal esperanza real que nos queda de procurar cambios; y es en cualquier caso es un modo, desde la pequeña acción local, de complementar las acciones que algunos sueñan, desde el legislativo, y a gran escala.


lunes, 8 de enero de 2018

La provincia levanta el telón

Un total de 138 actuaciones teatrales, musicales, circenses, de danza y magia copan el primer semestre en 18 localidades

Un total de 138 actuaciones teatrales, musicales, circenses, de danza y de magia, se celebrarán durante el primer semestre de este año en Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Roa, y en otras 14 localidades de forma anual


Castilla y León continúa apostando por el arte y la cultura en la comunidad gracias a las compañías adscritas a la Red de Teatros y Circuitos Escénicos que se darán cita a lo largo de 2018 en la provincia de Burgos, con el ánimo de entretener a todo tipo de públicos. La Junta de Castilla y León pretende con esta iniciativa el fomento de la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes escénicas y musicales de la provincia. La Red de Teatros es uno de los principales programa culturales de cuantos se desarrollan en la provincia a lo largo del año, además de un ejemplo de cooperación entre administraciones, ya que se trata de un programa cofinanciado y coorganizado por la Consejería de Cultura y Turismo y los 18 municipios de la provincia de Burgos que cuentan con teatros integrados en el mismo. La Red persigue asimismo garantizar que los ciudadanos burgaleses puedan disfrutar de una programación de calidad, estable y coordinada en los principales escenarios de la provincia.

La nueva edición de la Red de Teatros se llevará a cabo en Burgos, Aranda, Miranda y Roa en el primer semestre de 2018 y contará con una programación plural que incluye la celebración de 36 espectáculos de artes escénicas y musicales, de los cuales treinta son obras de teatro, dos de música, tres de danza y una de circo, tanto para un público infantil y familiar, como para adultos.

Para su puesta en marcha la Junta de Castilla y León ha establecido una aportación económica cercana a los 107.000 euros, esto es un 53% del presupuesto total invertido en el programa. Con éste se apoya el desarrollo y consolidación de sectores profesionales de creación, producción y distribución de espectáculos de artes escénicas y musicales de la comunidad. Éste elevado nivel de exigencia en la programación, la ha convertido ya en una guía de referencia de los mejores espectáculos de la escena española, porque el mejor teatro está siempre en las tablas de la Red de Castilla y León

Otras propuestas
Por otro lado, en este mes de enero comienza también el programa de Circuitos Escénicos en el que la Consejería de Cultura y Turismo colabora con 14 municipios de la provincia, de menos de 10.000 habitantes, que cuentan con teatros integrados en el circuito, ofreciendo un total de 102 espectáculos que se celebrará en los municipios de Belorado, Buniel, Huerta del Rey, Lerma, Melgar de Fernamental, Oña, Peñaranda de Duero, Pradoluengo, Salas de los Infantes, Torresandino, Valle de Mena, Villadiego, Villahoz y Villarcayo. En esta nueva edición el público asistente podrá disfrutar de 56 representaciones teatrales, 25 espectáculos de música, 6 de danza y 15 circenses repartidos entre dichas localidades. Para ello la Junta ha invertido 59.177 euros, aproximadamente un 44% del presupuesto total destinado a este programa, que se desarrollará a lo largo de todo el año.

La apuesta de la Consejería de Cultura y Turismo por las artes escénicas se evidencia también a través de otras iniciativas que coorganiza y financia a lo largo del año como son: la Feria de Teatro de Castilla y León, en cuya próxima edición ya se está trabajando, la celebración de distintos festivales de artes escénicas, o como el Certamen Regional de Grupos de Aficionados de Teatro. La Junta sigue trabajando también en la creación de nuevos públicos a través de la campaña didáctica ‘Artistea‘ qué comenzará una nueva edición el próximo mes de marzo.

Además, el pasado 7 de noviembre se publicó en el Boletín regional la resolución de las subvenciones destinadas a financiar la producción y/o gira, así como el mantenimiento de la estructura empresarial de las compañías profesionales de artes escénicas y la actividad de las compañías emergentes de Castilla y León. De las 46 solicitudes presentadas, resultaron subvencionados 34 proyectos, correspondiendo seis de ellos a producción, doce a gira, cuatro a producción y gira, once a estructura empresarial y uno al programa de ‘compañías emergentes’.

También, el Boletín Oficial de Castilla y León publicó el 28 de diciembre el extracto de la convocatoria de las subvenciones para 2018, que cuenta con un presupuesto de 320.000 euros, lo que también supone un incremento de más de un 10% respecto al presupuesto de 2017, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Junta con las artes escénicas de la Comunidad.

sábado, 6 de enero de 2018

¿Cómo arreglar el problema de la España que se queda vacía?

Por Fernando Fernández Such 
Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural 

Consejo Editorial de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 


¿Cómo arreglar el problema de la España que se queda vacía? Este fue el título del programa de Radio Nacional de España emitido el día 19 de diciembre de 2017. “La España Vacía” es el título del libro de Sergio del Molino que logró colocar en las mentes de la mayoría ciudadana de nuestro país el problema de la despoblación. No se puede vivir en un pueblo en el que no puedes comprar un litro de leche, o en el que tan solo hay médico 2 horas a la semana. 

La actualización del Padrón vuelve a mostrar como Castilla y León perdió 21.718 habitantes, es decir, 59 habitantes cada día. Mas de 3.500 pueblos están en peligro de desaparecer en los próximos 10 años. 31 comarcas rurales tienen ya densidades de población por debajo de los 4 hb/km2. En 26 comarcas, más del 35% de su población es mayor de 65 años y en 50 comarcas menos del 10% de la población tiene menos de 15 años. 

En el contexto de la Conferencia de Presidentes y Presidentas Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017, se logró introducir el debate demográfico de la mano de varias Comunidades Autónomas. La cuestión esta en que el desequilibrio demográfico y la despoblación serán asuntos esenciales para el futuro del modelo de financiación autonómico. Es imposible mantener servicios con una densidad que no supera los 1o hab/Km2 y este debería ser un elemento sustancial en el debate que se avecina y parte esencial de la solución. La respuesta inicial fue rápida, y el 27 de enero de 2017 se promulgó el RD 40/2017 por el que se crea el Comisionado para el Reto Demográfico. Apenas 3 páginas para desarrollar una estructura cuya función inicial es elaborar una “estrategia para enfrentar el reto demográfico” Ha pasado un año y no tenemos ninguna noticia de la acción de este Comisionado más que la promesa de que en enero, o a lo más tardar en febrero, tendremos el documento. Sin embargo, no necesitamos más análisis, ni estrategias políticas. Este nuevo documento se sumará a la ponencia aprobada en el Senado en 2015 en la que, a lo largo de 66 páginas, se plantearon 137 medidas. El informe de la FEMP de abril de 2017 con 81 medidas distribuidas en 7 área de actuación. Otra subcomisión en el Senado aprobada en noviembre de 2016 y que ha iniciado sus trabajos en junio de 2017 y a lo que se suma la Resolución aprobada el pasado 14 de noviembre por el Parlamento Europeo “Sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”. 

Sin embargo, en este puzle de iniciativas políticas falta una pieza esencial y es la Ley 45/07 de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La miopía y obcecación del gobierno del Partido Popular la guardó en un cajón nada más asumir el gobierno en el año 2012. Cualquier estrategia para enfrentar la despoblación en el medio rural debe apoyarse en una política de desarrollo rural. Lo contrario significa descontextualizar el problema y alejar las soluciones. Es desquiciantemente absurdo pensar lo contrario. La garantía de éxito de la política demográfica será vincularla a la aplicación efectiva de esta ley. Como comentaba hace unos meses con Jerónimo Lorente, defensor del medio rural, y activista y promotor de “La Otra Guadalajara”, la aplicación de la política demográfica en el marco de esta ley será la garantía de que las medidas y recursos se concentran en las 105 comarcas prioritarias y que con mayor gravedad sufren este reto demográfico. 

Somos herederos de un modelo territorial que más allá de la delimitación provincial que diseñó Javier de Burgos en 1833 no ha pasado por ninguna revisión profunda, y mucho menos ha evolucionado en ninguna de sus formas posibles para dar respuesta a los nuevos retos de la ordenación territorial. El régimen franquista consolidó un modelo centralista y a la vez de profunda segregación espacial entre el medio rural y las ciudades. Se impulsó un modelo de desarrollo dependiente y esquilmador que asigna al mundo rural una función subordinada al desarrollo urbano, y al sector industrial primero y de servicios después. Este modelo de desarrollo tuvo su expresión en la construcción de pantanos por el cual las montañas asumieron las servidumbres y vaciaron de gente sus pueblos, pero no solo, sino que se arrastra hasta nuestros días en el diseño de las infraestructuras de comunicación, en el desarrollo de la política energética, o en la exigua estrategia de industrialización difusa que dejó fuera a todas las poblaciones rurales intermedias. 

En este contexto, la emigración de la mano de obra de las zonas rurales a las urbanas era esencial al modelo de desarrollo. Este vaciamiento del mundo rural no ha cesado. En valores absolutos puede parecer un movimiento insignificante pero hoy nos encontramos con 105 comarcas en situación absolutamente crítica y otras 114 comarcas en situación de declive. Entre las comarcas en declive, encontramos aquellas que han sufrido en las últimas dos décadas reconversiones sectoriales importantes; como es el caso de las comarcas mineras, pero también el caso de las comarcas cuyas economías se apoyaban en sectores como la leche, o la remolacha. En estas comarcas encontramos una población juvenil que no tiene forma de trabajar y quedarse en ellas, y con una población adulta y prejubilada que no tiene fuerzas ya para empujar nuevas alternativas. Esta realidad determina que hoy hablemos de una doble estrategia; una estrategia de lucha contra la despoblación orientada a mantener los activos poblacionales que todavía viven en comarcas que podemos considerar en declive, y otra estrategia de repoblación que se dirige a captar la vuelta de nuevos pobladores y pobladoras a las zonas rurales que ya se encuentran en una situación crítica. Una estrategia y otra implica medidas y actuaciones diferenciadas.

Existe una opinión generalizada de que, en momentos de crisis, la gente vuelve al pueblo donde se “resiste” mejor. Además, me encuentro con personas con capacidad de decisión, que elevan esta opinión a la categoría de análisis y actúan como si esto fuera así sin más. Sin embargo, se olvidan de que en momentos de crisis la gente, sobre todo los hogares jóvenes o en edad productiva, se mueven buscando los lugares donde pueden cubrir más fácilmente estas necesidades y sobre todo donde piensan que es más fácil conseguir un empleo 

Analizar la evolución de la población rural en el periodo 2001 a 2016 es realmente revelador. Entre el año 2001 y 2011 asistimos por primera vez en muchas décadas a un proceso de crecimiento de la población rural. Desde los pueblos de las montañas hasta los de las llanuras cerealistas, todos crecieron en valores absolutas en más de 300.000 personas, lo que equivale a un 4,7% sobre la población de 2001. El problema es que la evolución más reciente de las cifras de población entre los años 2011 a 2015 muestran como la estabilidad que se había empezado a alcanzar ha quebrado, y las zonas rurales han comenzado de nuevo a perder población con una intensidad preocupante. Los datos del padrón de 2016 lo confirman. Si dividimos el periodo que va de 2001 a 2015 en tres etapas observamos como en la primera etapa que abarca los años entre 2001 y 2007 justo antes de la crisis, la población rural – residente en municipios de menos de 10.000 hb - creció a un ritmo de 65.000 personas al año. A partir de 2008 este incremento se ralentiza y reduce su crecimiento en un 40% aunque sigue aumentando en 40.500 personas al año. Pero es a partir del año 2012 cuando se produce de forma brusca un nuevo descenso de población en las zonas rurales que es de 58.000 personas cada año. Esta tendencia continúa y entre el año 2015 y 2016 los municipios rurales han perdido 61.574 personas. Por lo tanto, la crisis de la última década ha tenido su reflejo directo en una mayor desigualdad territorial entre la España rural y la urbana, pero, por otra parte, el análisis nos muestra como hay motivos para la esperanza. Si fue real el inicio de la revitalización, es posible volver a su senda. 

Lo más significativo es el abandono progresivo de los municipios y núcleos más pequeños, y la concentración de la población en las cabeceras de comarca. Así mientras ha crecido el número de municipios de menos de 100 habitantes pasando de 928 en el año 20001 a 1.286 en 2016, el porcentaje de población que reside en las cabeceras de comarca ha crecido en un 3,45% de media y el tamaño medio de la cabecera de las comarcas rurales ha aumentado en un 12%. 

Esta última constatación estadística es esencial para cerrar la reflexión. ¿Es posible recuperar niveles demográficos vitales y sostenibles en comarcas con menos de 5 hb/KM2 o en municipios con menos de 100 personas, 50 o incluso 30 personas censadas? Personalmente pienso que no es realista si lo pensamos pueblo o pueblo, o municipio a municipio. Probablemente incluso haya condicionantes culturales que ya no nos permiten vivir en lugares que no reúnan ciertas características para la socialización. Podrán surgir experiencias o proyectos exitosos que logren sacar del declive un pueblo o cinco, pero la cuestión es definir estrategias políticas que sean extensibles, eficaces y esperanzadoras. La clave es abordar la estrategia territorial desde el desarrollo de la comarca como unidad administrativa que se apoya en una realidad cultural – social – económica e incluso ecológica en la cual los habitantes de un territorio rural se identifican. Al analizar la realidad rural hacemos constantemente referencias a la comarca, y sin embargo, la comarca como tal apenas ha tenido desarrollo político y administrativo. En este sentido, la comarcalización es un prerrequisito necesario al resto de las cuestiones planteadas. 

La única referencia estatal que tenemos es el Mapa de la Comarcalización Agraria del Ministerio de Agricultura, que si bien no podemos asumirlo de forma absoluta, su distribución se acerca bastante a lo que podríamos imaginar cuando conocemos la conformación de cada una de ellas. Actualmente tan solo 4 Comunidades Autónomas cuentan con una división comarcal aprobada por Ley; Aragón, Cataluña, Asturias y Galicia, pero su desarrollo ha quedado muy limitado y no logran cumplir su propósito salvo en Cataluña. Recientemente, el grupo parlamentario de Compromís ha presentado una Proposición de Ley en las Corts Valencianes para la delimitación territorial comarcal de la Comunidad Valenciana. Otras Comunidades Autónomas como Cantabria, Extremadura o Castilla y León han abierto el debate a través de sus Planes de Ordenación Territorial, si bien, no lo han concluido. Castilla-La Mancha no tiene una ley de comarcalización por lo tanto no existen divisiones comarcales con entidad administrativa aunque se reconocen diversas comarcas por tradición histórica que aglutinan varios municipios y que vienen a coincidir con las delimitadas en el Mapa de Comarcalización Agrarias del Ministerio de Agricultura. 

Conocemos de primera mano proyectos directamente dirigidos a luchar contra el despoblamiento rural y la revitalización demográfica, como es el caso del Proyecto Abraza la Tierra, que nació como proyecto de cooperación interterritorial financiado desde LEADER, y que hoy es Fundación Abraza la Tierra. Proyecto con metodología contrastada y con experiencias reales en 19 comarcas rurales que fue abandonado a su suerte por el Ministerio de Agricultura y por sus respectivos gobiernos autonómicos. También tenemos la Red Terrae formada por municipios de todo signo político, cuyo objetivo es la revitalización del medio rural, y que nunca ha contado con apoyo para impulsar y extender su planteamiento a otros territorios. Sin embargo, no podemos pedirles esfuerzos titánicos. Su éxito dependerá de un cambio real en las estrategias políticas. 

UN MUNDO RURAL VIVO

No recordábamos una temporada de sequía como la que estamos atravesando, que es probable que el año entrante traiga recortes también al consumo doméstico en muchas localidades. La sequía es una realidad que nos amenaza con carácter cíclico, pero en el actual contexto de cambio climático se ve agravada por la inevitable reducción de reservas de agua ante una mayor evaporación (hasta el 20% en épocas estivales) y un crecimiento de pozos ilegales y regadíos insostenibles, sin duda evitables. Nuestro mundo rural está siendo muy afectado por el cambio climático, que refuerza tendencias de por si negativas observadas en las últimas décadas, pero es vital insistir que la desestructuración de mundo rural tiene un impacto negativo para el conjunto de la sociedad. El fracaso de nuestro modelo rural nos afecta a todos, en pueblos y ciudades.

De alguna manera la realidad actual pone también de manifiesto el agotamiento del modelo de producción agropecuaria que se apoya en el paradigma del desarrollismo agroindustrial. La actividad agrícola y ganadera abandonó el equilibrio que tradicionalmente le vinculó al entorno natural, que hoy se acerca más a un modelo fabril de producción de alimentos, con un manejo de los recursos naturales como simples factores de producción, que en un contexto de cambio ambiental está sobreexplotando nuestros campos y acuíferos, y contribuye al vaciado el mundo rural.

Es urgente repensar nuestro mundo rural, el modelo económico organizado desde las ciudades y su realidad territorial. Necesitamos esta reflexión sobre toda una serie de problemas, errores y fracasos ya evidentes, todavía no solventados, muchas veces ni siquiera asumidos ni abordados. En este contexto de crisis social y de proyecto de país, no se puede perder de vista que determinadas iniciativas de política retrógrada que aprovechan las tensiones del proceso independentista, para afirmar una identidad rural conservadora ligada a valores pretendidamente tradicionales, que se sienten amenazados por sectores ecologistas urbanos a los que falazmente denuncian por poner en peligro no solo sus costumbres, sino también sus fuentes de trabajo y supervivencia.

Según muchos analistas, el sentimiento de abandono del mundo rural trabajado por la derecha reaccionaria, explica el aumento del voto a la ultraderecha en países como Alemania y Estados Unidos, y fenómenos como el Brexit. Nos encontramos en la situación paradójica que buena parte de las élites presentes hace décadas en las decisiones adoptadas en las instituciones rurales locales y regionales, hoy no tienen empacho en denunciar la situación como un problema de identidad, con la intención sin duda para ocultar el problema de fondo: el modelo de agro español es altamente concentrador, hace muy ricos a muy pocos, en un territorio escaso como el peninsular tiene altos costes cada vez más insostenibles para la mayoría rural, al tiempo que contribuye a despoblar regiones enteras.

Ante esta situación necesitamos reforzar los puentes entre pueblos y ciudades, abrir nexos entre los tejidos asociativos urbanos y rurales, para pensar un nuevo modelo que garantice los derechos constitucionales de todos los vecinos, sean rurales o urbanos, en todas las comarcas de todos los territorios autonómicos de España. Ante la desertificación que amenaza al 80% de nuestro territorio, solo tendremos futuro como país si somos capaces de hacer emerger una nueva corriente de opinión sostenible, capaz de repensar nuestro modelo de desarrollo, recuperando el pulso en nuestros pueblos y sensibilizando en nuestras ciudades sobre los principios de mitigación y adaptación al cambio climático, en un marco alternativo de una nueva cultura de la sostenibilidad.

El medio rural abarca el 80% del territorio español, pero en él solo vive el 20% de la población, y esa cifra cada vez es menor. No hay nada más insostenible para el futuro del mundo rural que la despoblación. Una realidad que afecta casi un tercio de nuestras comarcas, y con especial incidencia en los pueblos de menos de 5000 habitantes. El libro de Sergio del Molino ha dado nombre a amplias zonas de la España interior: la España vacía, y también ha avivado el debate sobre el potencial de recuperación de muchos de nuestros pueblos, un espacio que pierde población a pasos agigantados. Nos formulamos muchas preguntas ¿Es posible recuperar nuestros pueblos? ¿Cuál debe ser la fórmula para hacerlo?

Estas mismas preguntas se las hicieron antes quienes impulsaron la ley de Desarrollo Sostenible del medio rural. Una ley que pretendió precisamente poner ideas y recursos en marcha, pero que se quedó enterrada en los cajones de un Gobierno cuyo compromiso con el auténtico desarrollo rural no existe. Precisamente desde Unidos Podemos en el Congreso, llevamos dos años trabajando para desempolvarla como primer paso para avanzar hacia la recuperación del medio rural.

El desarrollo rural no ha interesado en España. Basta ver cómo las líneas de ferrocarril que unían nuestras comarcas y vertebraban el territorio se han ido desmantelando, faltas de cualquier presupuesto. La política de transportes ha apostado desde 1992 por las grandes líneas de alta velocidad que unen grandes núcleos urbanos, pero que los pueblos sólo ven pasar, como pasan los meses y los años sin que nadie pase por allí. Es inexplicable que todavía hoy la mayor parte del territorio español no tenga un acceso decente a Internet, herramienta imprescindible para cualquier emprendimiento empresarial. El abandono acarrea también una precarización de los servicios públicos, y todo ello profundiza la sensación de abandono que hoy es dominante en nuestros pueblos.

En lo referido al sistema agropecuario, el Estado lleva décadas impulsando un sistema agroindustrial que promueve las grandes explotaciones y que no solo desincentiva las explotaciones familiares pequeñas y medianas, sino que las desprecia por considerarlas ineficientes, inviables y alejadas del modelo agroexportador que promueve. Esa política continúa amparándose en una PAC que necesita de una revisión profunda de sus postulados, en el horizonte de negociación de la futura reforma partir de 2020. Por hacernos una idea del tipo de agricultura que impulsa la PAC (más allá de la retórica que la rodea) basta decir que el 18,71% de los perceptores cobra el 76,52% de las ayudas. España se está convirtiendo en el país con mayor número de cabezas de porcino por hectárea y con las mayores explotaciones de engorde de porcino, por el simple hecho de que la gran cantidad de residuos que se generan hacen indeseables esas explotaciones en otros países. Es decir, somos receptores de las actividades ganaderas indeseadas, mientras la ganadería extensiva mucho más sostenible sufre de un progresivo abandono por la falta de ayudas y apoyos reales a su mantenimiento. El modelo de macrogranjas se ha extendido del porcino al aviar, y del aviar al ovino de leche, vacuno de carne y al vacuno de leche. Hoy todo el sector lechero en crisis desde que se produjo el desmantelamiento de las cuotas en el 2012, se resiste y trata de sensibilizar a la opinión pública ciudadana contra la Macrogranja de 20.000 vacas que se pretende instalar en el pequeño pueblo de Noviercas en la Soria abandonada. Mientras el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León, tan solo responden con la cínica pregunta “¿mientras que cumpla la normativa que problema hay?”

Parece que el modelo actual impulsa en España un espacio rural vacío, en el que la industria extractiva pueda moverse a sus anchas. Así, las exiguas poblaciones de algunas comarcas tratan de movilizarse contra grandes proyectos mineros. Este es el caso de la oposición a la mina de uranio de la empresa Berkeley en el Campo Charro salmantino, o las movilizaciones en Ávila contra las minas de feldespato.

Son muchos los proyectos “neocoloniales” de este tipo, que dejarán escasa riqueza local salvo el pelotazo de algún oportunista y dejarán detrás enormes costes ambientales para sufrir y pagar entre todos. La regulación ineficiente y falta de atención pública de los medios de comunicación sobre territorios poco visibles han permitido excesos empresariales con iniciativas de explotación altamente lesivos para nuestros recursos naturales y ecosistemas que antes o después, tendrán que transitar hacia modelos más sostenibles. Solo una voluntad firme de la autoridad pública puede enfrentar la adecuada innovación normativa para luchar contra el fraude, reforzando con recursos la capacidad de inspección y sanción de una Fiscalía Ambiental que necesita mayor autonomía, y planificar nuevas iniciativas de desarrollo local en los territorios afectados por las diversas reconversiones de actividad para garantizar una transición socialmente justa a la sostenibilidad.

Precisamente, en el cuidado y conservación de la riqueza natural y de nuestro patrimonio en biodiversidad para las generaciones venideras tenemos una ventana de oportunidad para revitalizar nuestro mundo rural. Una biodiversidad puede y debe servir como uno de los motores de desarrollo sostenible del mundo rural, ya que el 27% del territorio se encuentra bajo la figura de protección de la red Natura 2000. Pero es necesario entender que esa riqueza natural es la consecuencia de años de interrelación de los habitantes con su medio, y que por tanto solo será posible mantener si revitalizamos el factor humano. El empleo verde y la fiscalidad rural especial, tienen que orientar una política pública de repoblación con mucha mayor coordinación entre los planes de las administraciones europea, estatal, autonómica y local.

En este contexto el debate de la gobernanza de este mundo rural se vuelve esencial. El caciquismo ha sido el mal político y social endémico, extendido todavía en el mundo rural de nuestro país en pleno siglo XX. Mientras 3.200 municipios de España están amenazados por su desaparición y mientras que en 100 zonas rurales, más del 40% de la población supera los 65 años, los gobiernos tanto autonómicos como estatales, solo se esfuerzan en apuntalar las diputaciones como respuesta administrativa, sin avanzar propuestas que pongan el énfasis en el desarrollo local endógeno y participativo de base comarcal.

Estamos convencidos que un mundo rural vivo y sostenible en España es posible. Pero este proyecto nos exige pensar en dos objetivos fundamentales: cómo reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático del que puede considerarse el sector económico más afectado, el agropecuario; y entender la despoblación no solo como problema demográfico, sino de primer orden político democrático, donde mantener el horizonte de igualdad de derechos constitucionales en todo nuestro país, reclama revisar una institucionalidad a todas luces fallida, que debe lograr avanzar en mayores cuotas de coordinación interadministrativa de base comarcal. La noción de “vigilancia ciudadana del territorio” es un factor clave de protección ante excesos empresariales y la corrupción, de fiscalización de la gestión de nuestros recursos naturales, bienes comunes que estamos obligados a pensar como patrimonio público del conjunto del país.

Un proyecto de país justo, socialmente equilibrado, y ecológicamente viable exige una ciudadanía crítica, activa y movilizada. Por eso, con la participación de decenas de entidades, en el marco del Foro Social del Clima que tuvo lugar en el congreso el 14 y 15 de diciembre de 2017, se plantearon algunas propuestas políticas concretas para seguir trabajando:
Lucha activa contra la despoblación rural

Sin gente no es posible el impulso que necesita el mundo rural, por ello la lucha contra la despoblación es clave. Para ello es imprescindible garantizar servicios sociales de calidad, como educación y sanidad; la adopción de medidas fiscales que favorezcan la repoblación rural, mejora de comunicaciones y garantizar servicios como el acceso universal a Internet.
Impulso al desarrollo sostenible del medio rural

Es necesario dar un impulso político a la Ley de Desarrollo sostenible del mundo rural, y garantizar la adecuada financiación de las políticas que promovemos.

Desarrollo de las Comarcas como espacios de gobernanza de futuro
La comarca da respuesta a la gobernanza ligada a un entorno cultural, ecológico, económico y social en el cual las vinculaciones de sus habitantes con el territorio son reales y permite construir el desarrollo sostenible rural por el que abogamos.
Plan de acción contra el cambio climático

Además de las acciones de mitigación y reducción de emisiones, es imprescindible abordar un Plan de Adaptación del medio rural a los impactos del cambio climático. El sector primario es el más afectado por los cambios del clima. Las afecciones pueden ir desde los cambos en las épocas de cultivo, a la disponibilidad de agua.
Apoyo a la protección de la biodiversidad

Consideramos que la biodiversidad es uno de nuestros más importantes recursos, y que puede ser motor de empleo. Para ello es imprescindible que se aborde la activación de la Red Natura 2000, elaborando Planes de Ordenación en todas las reservas, que permitan el impulso de actividades de conservación y divulgación.
Política agroalimentaria al servicio de un nuevo modelo de producción social y sostenible.

Hay que cambiar el paradigma de producción agrícola, fomentando un nuevo modelo que prime y apoye las pequeñas explotaciones frente al modelo actual que se basa en fomentar a las macroexplotaciones en detrimento de lo pequeño y sostenible.
Una nueva Política Pesquera Común

Que prime la pesca artesanal, que genera más y mejor empleo, promoviendo el consumo de pescado de cercanía. Impulso a las reservas marinas para fortalecer las pesquerías. Garantizar la sostenibiidad de os caladores.

Una nueva política de aguas
El cambio climático esta reduciendo la disponibilidad de agua y esto no puede corregirse con grandes infraestructuras, sino con nuevas políticas que promuevan el ahorro y la eficiencia, apoyada en el adecuado cambio tecnológico y una nueva cultura de la sostenibilidad impulsada desde la sociedad civil, que deben velar por un bien común tan vital como este.
Introducir criterios de género que favorezcan el papel de la mujer en el desarrollo rural.

Debe promoverse el papel de la mujer en el mundo rural desde una perspectiva igualitaria en este nuevo modelo, tanto facilitando la diversificación en la actividad agropecuaria como buscando impulsar su protagonismo en la política participativa comunitaria en una política local renovada, factor clave de un nuevo modelo de desarrollo.

Favorecer y promover la ganadería extensiva y los sistemas tradicionales de pastoreo.
Ya que son los que al mismo tiempo garantizan una producción sostenible, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y mayor generación de empleo. Pero son necesarias ayudas que permitan un aumento sustancial de la calidad de vida de las personas que trabajan en el sector, para hacerlo más atractivo.

No a los acuerdos globales de libre comercio (TTIP y CETA)
Porque impulsan el modelo agroindustrial más destructivo del medio ambiente, del empelo y de las políticas sociales. A veces la destrucción del medio rural se decide muy lejos
Proteger la biodiversidad cultivada y las variedades de semillas y razas autóctonas.

Especies y variedades autóctonas que son especialmente valiosas por si mismos. Pero en el momento actual de cambio ambiental suponen una riqueza enorme para hacer frente a las alteraciones que puedan producirse .

Prohibir la liberación en el medio ambiente de OMGs
España es el único país de la UE en el que se cultivan comercialmente OGMs. Por Principio de precaución y en tanto en cuanto no este demostrada su inocuidad, estos productos no deberían ser liberados en el medio ambiente.